La gran estafa de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)

Sólo un 2,7% de las iniciativas legislativas populares salen adelante y dos de ellas llevan 10 años y 5 legislaturas esperando una respuesta.

Más allá de votar cada cuatro años y poner velas a la Virgen para que el partido votado cumpla su programa, la única vía que el Estado permite para que los ciudadanos puedan intervenir directamente en la presentación de propuestas legislativas es la Iniciativa Legislativa Popular: una mofa legal a la participación ciudadana, que rechazará sistemáticamente el Congreso, pues no tienen obligación de debatir o llevarla a cabo por muy justa que sea ni por muchos apoyos que tenga.

Un 2,7% de caso te pienso hacer.

De las 146 Iniciativas legislativas populares presentadas por los ciudadanos desde el comienzo de la democracia hasta finales de 2023, sólo se aprobaron 4 -un 2,7% del total-, dos integradas en otras leyes y otras dos con correcciones.

Trabas, trabas y más trabas.

Uno de los principales impedimentos son los requisitos. La solicitud debe presentar 500.000 firmas de apoyo en 9 meses -anteriormente 6-. Un esfuerzo ingente -prácticamente imposible- para particulares, por muy buena que sea la idea, y de la que el Estado nunca favorecerá su difusión más allá del habitual BOE en los desayunos de todos los españoles. Nótese la ironía.

… Tenemos una propuesta legislativa que nadie conoce, que el Estado nada va a hacer para difundir y que además el Congreso no tiene la obligación de aprobar.

El 42,6% de las iniciativas legislativas populares presentadas ante el congreso no han podido superar este primer requisito, por tiempo, número de firmas, por acabar siendo retiradas las propuestas o por decaer.

Declaraciones como las que hicieron a Civio.es Eduardo Vírgala Foruria, Catedrático de Derecho Constitucional por la UPV, que afirma que el número de firmas debería rebajarse considerablemente o las de la jurista María Jesús Larios, afirmando que el plazo es extremadamente limitado, ponen en la palestra la pantomima que es ofrecer esta herramienta ciudadana.

…la Iniciativa legislativa popular sobre atención a las personas en situación de dependencia… 10 años y 5 legislaturas después sigue esperando respuesta.

Así pues, tenemos una propuesta legislativa que nadie conoce, que el Estado nada va a hacer para difundir y que además el Congreso no tiene la obligación de aprobar por mucho apoyo ciudadano que tenga.

Sobre la dejadez y el absurdo de nuestros políticos o “La patata caliente”.

Como siempre, en “democracia” hay clases y clases. Así como los plazos del demandante son más que ajustados, existen ejemplos de los laxos márgenes que nuestros representantes se toman para tomar decisiones, como el de la Iniciativa legislativa popular sobre Autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (120/000031),  presentada en 2014 que todavía hoy, 10 años y 5 legislaturas después, está esperando respuesta… y no, no es el único ejemplo.

De hecho, si tuviésemos en cuenta las 46 veces que una iniciativa se ha “trasladado al próximo Congreso” -a la próxima legislatura quiere decir en realidad-, el número de expedientes totales sería de 192 y el nivel de aprobación de estas en sus resoluciones del 2%.

Por otro lado, existen casos como el de la Proposición de Ley de protección y bienestar animal presentada en 2012 y fue inadmitida a trámite, pero curiosamente es precursora de la que se aprobó en el Congreso hace unos meses. ¿Por qué antes no merecía consideración pero sí 10 años después?

¿Qué derecho tienen nuestros representantes a hacer oídos sordos a las demandas del ciudadano?.

En un estado realmente democrático, 45 millones de personas son muchos “beta tester” de nuestras leyes. Las leyes -todas- se cambian en el Congreso y el Senado continuamente, pero nadie mejor que los ciudadanos, cada uno con sus particulares circunstancias y que sufren en sus carnes la aplicación de estas, para detectar si una ley está mal configurada, si no se tuvo en cuenta algo o si hace falta una regulación que no existe.

Se han presentado iniciativas legislativas populares sobre copago farmacéutico, dación en pago, equiparaciones salariales, ley electoral, medio ambiente, estrategias energéticas, inversión en educación,… todas ellas cayendo en saco roto.

Y no por proceder de la ciudadanía estas propuestas deben ser efímeras o livianas. Una carnicera, un barrendero o un camarero saben de estas cosas porque las sufren en sus carnes, porque tienen los pies en el suelo y viven el día a día.

Entonces, ¿qué derecho tienen a desoír a la ciudadanía?, ¿se trata clasismo, intereses, dejación de funciones,…?  y sobre como representantes de la sociedad que se supone que son, deberían tener por lo menos el decoro de aceptarlas y la obligación de escucharlas y debatirlas.

Forzar las demandas

Visto lo visto, el voto a Escaños en Blanco para dejar escaños vacíos puede ser una buena -casi la única- medida de presión que le queda al ciudadano para forzar la legislación de demandas.

Más allá de desoír una Iniciativa Legislativa Popular u otras herramientas de presión ciudadana como puedan ser las manifestaciones, los escaños vacíos dentro de las instituciones son una clara y contundente muestra de descontento que puede forzar a la clase política a escuchar las demandas de la ciudadanía.

Un número no muy elevado de escaños vacíos supondría ya una pérdida considerable de poder político y económico que forzase al cambio de actitud de nuestros representantes.

Porque si es cuestión de no conocer el funcionamiento democrático, habrá que enseñárselo presionando, pues por pura etimología, si el ciudadano no gobierna la democracia no existe.