La Constitución que nadie cumple: votantes de primera y votantes de segunda

A pesar de que nuestra Constitución dicta como base el sufragio universal y la no discriminación, en nuestra “democracia”, el legislativo hace trampas al solitario tergiversando la ley electoral e incumpliendo así legislatura tras legislatura el mandato constitucional.

Si bien es cierto que todo el mundo tiene derecho a voto, nuestra ley electoral incumple sistemáticamente el artículo 14 de la Constitución creando votantes de primera y votantes de segunda, aplicando más o menos valor a los votos y discriminando la opinión de muchos ciudadanos que no verán reflejada su opción en los resultados.

No es sólo cuestión de unos pocos como dicen algunos artículos o de reflejar el voto protesta dentro de los parlamentos. Por poner un ejemplo, el votante del Partido Popular en Girona emite un voto muerto ya que la ley electoral nunca le dará valor a su voto al estar en minoría en esa circunscripción. ¿Eso significa que este votante debería de cambiar el sentido de su voto?. La respuesta es un rotundo NO. Debería ser la ley electoral, cumpliendo la Constitución, la que diese a este voto el mismo valor que al resto.

Más allá de ejemplos puntuales, la importancia de la no discriminación de los votos no debería ser ninguneada en cualquier estado democrático que se precie de serlo, sean muchos o pocos los casos, o se orienten en una dirección u otra.

Tenemos una Ley Electoral que no cumple con la Constitución, discriminando a los votantes según su opinión o condición.

Lo cierto es que en las Elecciones Generales de 2019 -a falta de datos oficiales de las de 2023- un 12% de los votos emitidos (3.048.986) fueron desechados por el sistema electoral, cuando a partidos con un número de votos similar se le adjudicaron en torno a los 50 escaños. Obviamente los primeros no están concentrados en una sola opción, pero se hace esta comparativa para crear conciencia de la magnitud del agravio.

Las circunscripciones no son el único impedimento. Umbral mínimo, acceso a ser elegibles, … trabas de una ley electoral obsoleta y enfocada a conformar mayorías, pero sobre todo, contraria a nuestra Constitución y que crea votantes de primera y votantes de segunda de una forma no arbitraria pero sí independientemente de la opción que escojan.

El señor D’Hont no tiene la culpa.

Desde la época de la Transición, ha sido muy cómodo para partidos políticos y prensa afín echarle la culpa de todo a “La Ley D`Hont”.

Más allá de la conveniente necesidad de llamarle “Ley” para influir en la percepción de que es algo inamovible, cuando en realidad es un simple sistema de reparto como tantos otros, lo cierto es que eliminando esas trabas de las que antes hablábamos los resultados no difieren mucho de los obtenidos con otros sistemas de reparto.

Esta similitud se rompe una vez que se aplican la trabas a la representación que incluye la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General), como pueden ser el umbral mínimo, las circunscripciones o la no representación del voto crítico. Elementos que abrirán un abismo entre el voto otorgado y la representación obtenida.

En las elecciones de 2019, un 12% de los votos emitidos (3.048.986) fueron desechados por el sistema electoral y hubo una diferencia de 34 escaños extra entre el partido más perjudicado y el más beneficiado.

Prueba de ello es la comparativa que realizamos a continuación con los resultados de las Elecciones Generales de 2019, donde se muestra claramente que con el mismo sistema de reparto (D`Hont) pero eliminado el resto de trabas, los resultados son casi exactos a un reparto directamente proporcional. Es decir, no hay casi distorsión entre los votos recibidos y los escaños obtenidos en cada opción.

En la tabla se muestra la diferencia entre porcentaje de apoyo recibido por un partido (% voto) y el poder otorgado por la LOREG (% escaños). Se representan los votos críticos como la suma de voto nulo, voto en blanco y voto a Escaños en Blanco.

¿y entonces? ¿Qué pasa con las representaciones provinciales?

Absolutamente nada. Nuestra Constitución ya plantea como parte del Legislativo la “Cámara de representación territorial” (Senado) que forma parte del proceso de legislación. Y aunque no existiera seguiría sin pasar nada ya que, cualquier defensa de intereses provinciales en el Congreso se verá anulada por esa invención de la “disciplina de partido”. A causa de ella, los diputados del mismo partido votarán lo mismo aunque estén representando a dos provincias con intereses opuestos en el asunto que les concierne.

Unas listas electorales provinciales al Congreso de los Diputados no tienen más sentido que el de asegurarse de que los más afines al partido obtengan un puesto o remuneración estatal segura

Un buen ejemplo puede ser el asunto del Trasvase del Ebro, en el que los diputados del Partido Popular siempre votan a favor a causa de la disciplina de voto y los del Partido Socialista en contra por la misma causa. Esto supone que el diputado por el Partido Popular en Zaragoza está votando en contra de los intereses de su provincia, y lo mismo pasa con el del Partido Socialista en Murcia.

Estos son dos ejemplos más que contundentes de que unas listas electorales provinciales al Congreso de los Diputados no tienen más sentido que el de asegurarse que los más afines al partido obtengan un puesto o remuneración estatal de forma segura.

Es decir, No sólo el ejecutivo hace un mal uso del Senado sino que además, los intereses partidistas eliminan cualquier posibilidad de representación territorial también en el Congreso. Toda representación territorial en el proceso legislativo debe pasar si o sí por una futura reforma del Senado, dándole el empaque y la utilidad que merece, pero que prevemos nunca se dará.